LA CAPACIDAD DE POSTULACIÓN.

EL PRINCIPIO DE LA CITACIÓN ÚNICA Y DE LA ESTADÍA A DERECHO DE LAS PARTES EN JUICIO.

EL PRINCIPIO DE LA CITACIÓN ÚNICA  Y DE LA ESTADÍA A DERECHO DE LAS PARTES EN JUICIO.

 

Uno de los grandes aportes del proyecto del Código Procesal del Licenciado Aranda, presentado al Congreso de 1836, es la consagración del principio de la citación única. Decía al efecto la norma: “Después de la primera citación, las partes quedan obligadas a asistir al pleito y a imponerse de todas las providencias y resoluciones del Tribunal, sin necesidad de otra citación.”

Conforme a este principio, que obvia el engorroso sistema de notificaciones impuestos en numerosos Códigos, entre otros, en el Código de Procedimiento Civil, practicada la citación para la contestación de la demanda, las partes quedan a derecho, y no habrá necesidad de nueva citación para ningún otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición legal.

Dichas excepciones no son otras que las establecidas en los artículos 14, 251, 416 y 423. La primera de ellas tiene lugar, conforme al artículo 14, que establece que, cuando la causa se paralice o por cualquier motivo, el juez debe fijar un término para su reanudación que no podrá ser menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados. Otro tanto ocurre con la necesidad de  notificar a las partes cuando se paraliza  la causa en estado de sentencia, de conformidad con el artículo 251, que establece que, la sentencia dictada fuera del lapso de diferimiento deberá ser notificada a las partes sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos. Existe igualmente la necesidad de notificar a las partes cuando un nuevo juez se avoca al conocimiento de la causa. Se trata de una elaboración jurisprudencial, conforme a la cual se debe dar oportunidad a las partes de proponer la recusación del nuevo juez que se avoca al conocimiento de la causa que se encuentra en estado de sentencia, en el entendido que la falta de notificación da lugar a la nulidad de la sentencia, siempre y cuando exista motivo para intentar la recusación. De igual manera, la citación para absolver las posiciones juradas  es necesaria, de conformidad con el artículo 416. Finalmente, de conformidad con el artículo 423, decida definitivamente la prestación del juramento deferido o referido, el Juez fijará el día y la hora para el acto, y ordenará la citación personal de quien deba prestarlo, la cual se hará por medios preceptuados en el Código. De lo anterior se sigue, como afirma Borjas, que el principio de la citación única no es absoluto, porque comporta ciertas excepciones, aunque es innegable reconocer sus enormes ventajas para facilitar el desenvolvimiento del proceso.

Es preciso advertir en esta materia que, la suspensión del proceso por cualquier motivo legal no da lugar la citación de la parte, porque no se rompe el principio de la estadía a derecho de éstas y éste reanuda automáticamente su curso en el mismo estado en que se encontraba al momento de la suspensión, a tenor del parágrafo primero del artículo 202.

Ahora bien, la estadía a derecho de las partes no es infinita, como lo ha declarado la Sala Constitucional en reiterados fallos. De allí que cuando la causa se paralice por cualquier motivo, permanecerá en ese mismo estado hasta que una de las partes solicite su reanudación, en cuyo caso el tribunal deberá fijar un término para su reanudación que no podrá ser menor de diez días después de la notificación de las partes o sus apoderados, a tenor del artículo 14.

JURISPRUDENCIA.

Estadía a Derecho de las Partes: En sentido general, quiere la sala puntualizar lo siguiente: La estadía a derecho de las partes no es infinita, ni por tiempo determinado. La falta de actividad de los sujetos procesales durante un prolongado periodo de tiempo, paraliza la causa y rompe la estadía de derecho de las partes, ya que incluso resulta violatorio de derechos y garantías constitucionales, mantener indefinidamente arraigadas las partes al proceso, sujetas a que éste continúe sin previo aviso, cuando no se encuentran en el país o en la sede del tribunal de la causa, lo que viene a constituir una infracción al derecho de defensa, e indirectamente puede convertirse en una infracción al derecho al libre tránsito debido al arraigo inseguro de las partes en el lugar del juicio. Esta característica de la paralización la distinguen de la figura de la suspensión, donde cesa la actividad procesal hasta una fecha predeterminada, por lo que las partes conocen cuando continúa el proceso y por ello no pierden la estadía a derecho. Visto lo anterior, la sala estima que en el presente caso se violó los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica del actor, toda vez que el mismo debió ser notificado del abocamiento de la causa por parte del Juez que conoció la apelación por él ejercida, ello para poder enterrase de la oportunidad dela audiencia y presentarse a la misma, puesto que como se desprende de autos al no ser notificado se le causó el prejuicio de declararle desistida la apelación por él ejercida y firme el auto impugnado. Sentencia Nro. 569, de 20/03/2006. Sala Constitucional.

Casos en que procede la notificación de las partes. De acuerdo pues, con el mencionado artículo 233, la notificación, de las partes procede en los siguientes casos: a) Cuando la causa se encuentre paralizada y se proceda a su reanudación, B) Para la realización de algún acto del proceso que así lo requiera; y C) Cuando la sentencia se dicte fuera del término de diferimiento. Sentencia Nro. 61, de 22/06/201. Sala de Casación Civil.

Cuando se rompe el principio de la estadía a derecho de las partes. Al respecto, esta sala considera que, la estadía a derecho de las partes,  consagrada en el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil, es un principio que rige el derecho procesal venezolano en general. El mismo se formula, en que practicada la citación para la contestación de la demanda, o citación inicial, en otros procesos diferentes al juicio ordinario civil, no habrá necesidad de nueva citación a las partes para ningún otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley, como ocurre por ejemplo en materia de posiciones juradas o de juramento decisorio (artículos 416 y 423 del Código de Procedimiento Civil). Consecuencia del principio es, que después de la citación inicial, salvo las excepciones, no es necesario citar a las partes para que concurran a ciertos actos, trasladarles copias de las actuaciones para que las conozcan, ni hacerles saber la ocurrencia de actuaciones procesales del tribunal o de las partes. Debido al principio de que las partes están a derecho, las citaciones (ordenes de comparecencia) y las notificaciones (comunicación de noticia sobre la causa), se hacen innecesarias. Entre las excepciones al principio, en materia de notificaciones, se encuentran al menos dos: una es de creación jurisprudencial y es producto del respeto al derecho a la defensa de las partes; y la otra responde a la ruptura a la estadía de derecho, y consiste en hacer saber a las partes la reanudación del juicio. La primera tiene lugar cuando el nuevo juez se aboca al conocimiento de la causa. La jurisprudencia emanada de la sala de Casación Civil, consideró que para evitar sorpresas a las partes, el nuevo juez debía notificarlos que iba a conocer, independientemente que el proceso se encontrara o no paralizado. Esta notificación garantizaba a las partes, el poder recusar al juez, o el solicitar que se constituyera el tribunal con asociados, preservándosele así ambos derechos a los litigantes. La falta de tal notificación, ha sido considerada como una transgresión al debido proceso, y por lo tanto ha originado acciones de amparo; y la jurisprudencia incluyendo la de esta Sala (en el caso: Petro Lorenzo), ha sido, que el que incoa el amparo por esta causa, debe fundarlo en que efectivamente iba a recusar el juez, (señalando la causal), o que iba a pedir la constitución de asociados, evitándose así reposiciones inútiles como efecto del amparo declarado con lugar. En el escrito de amparo presentado por Proyectos Inverdoco C.A, no existe declaración alguna que guarde relación con la existencia de una causal de recusación, que la omisión del trámite procesal del abocamiento haya impedido plantear, afectando la garantía de ser juzgado por un Juez imparcial, que es, por cierto, a donde va dirigida la protección de los valores constitucionales en esta hipótesis. Por tanto, no es admisible el argumento invocado por la empresa accionante del amparo como fundamento de las violaciones constitucionales por ese motivo, y así se declara. La segunda notificación obligatoria, tiene lugar cuando la causa se encuentra paralizada, y por lo tanto la estadíaa derecho de las partes quedó rota por la inactividad de todos los sujetos procesales. La paralización ocurre cuando el ritmo automático del proceso se detiene al no cumplirse en las oportunidades procesales las actividades que debían realizarse bien por las partes o por el tribunal, quedando la causa en un marasmo, ya que la siguiente actuación se hace indefinida en el tiempo. Entonces, hay que reconstruir a derecho a las partes, para que el proceso continúe a partir de lo que fue la última actuación cumplida por las partes o por el tribunal, y tal reconstitución a derecho se logra mediante la notificación prevenida en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil si la causa aun no ha sido sentenciada en la instancia, o por el artículo 251 ejusdem, si es que se sentenció fuera del lapso. Tal notificación se hará siguiendo lo pautado en ele artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. De continuar la causa paralizada sin reconstruir a derecho a las partes, una serie de derechos subjetivos procesales le quedan negados  ala parte que no se enteró de la continuación de la misma, afectándole así su derecho de defensa, de acuerdo   al estado en que se encontraba el juicio. No es necesario en estos casos, si se intenta un amparo, concretar cual fue el derecho que se iba a ejercer y no se utilizó, ya que es sabido que dentro del proceso, las situaciones jurídicas van sucediéndose, y sobre su marcha las partes van actuando, de acuerdo al desarrollo de cada situación; por lo que no puede existir una actividad preconcebida a realizarse que haya quedado conculcada. Sentencia Nro. 431, de fecha 19/05/2000. Sala Constitucional.

 

 

La Reformatio in Peius. (reforma en perjuicio), como manifestación del Principio de Congruencia de la Sentencia

La Reformatio in Peius. (reforma en perjuicio), como manifestación del Principio de Congruencia de la Sentencia

1.1  NOCIONES BÁSICAS FUNDAMENTALES:

La reformatio in peius o reforma en perjuicio es un vicio de la sentencia de alzada en caso de decisiones apeladas. La prohibición de la reformatio in peius no es más que una limitación del Juez de Alzada en caso de vencimientos parciales, por lo que RENGEL ROMBERG enuncia dicho principio así: “ Cuando existe vencimiento recíproco de ambas partes y una de ellas apela el Juez de Alzada no puede reformar la sentencia apelada empeorando la condición del apelante”.

Los fundamentos de esta prohibición se encuentran en el principio dispositivo (prohíbe la iniciativa del Juez), como el principio del agravio (la apelación es la medida del agravio) y también el principio de personalidad del recurso (los efectos de la apelación son personales y no reales).

A este respecto afirma el Ex Magistrado Dr Adán Febres Cordero, de la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, que la doctrina de dicha Sala ha sostenido pacíficamente que la violación de la prohibición de la reformatio in peius es una infracción del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil. Así como de los artículos 12, 15, 243 y 244 ejusdem, pues al excederse en el límite en que había recibido el problema a decidir, no se atiene la alzada a lo alegado  y probado en autos, ni mantiene a las partes en los derechos que son privativos, ni se atiene a las acciones deducidas en los límites establecidos por la apelación.

Sostiene el ex Magistrado de la sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, que vista la reformatio in peius como una violación de los artículos antes señalados no cabe duda de que se trata de una infracción de forma, pero que recientemente de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 20-06-1990 el máximo Tribunal del país cambió de criterio para considerar tal reformatio como vicio de fondo, pero señala el ilustre jurista si se admite que el no empeorar la situación del apelante se deriva de que la decisión del Juez de alzada está limitada por el objeto de la apelación, a causa del principio dispositivo del proceso ( art. 12 CPC) no cabe duda, como lo reconoce la más autorizada doctrina, que este límite es una manifestación del principio de congruencia de la sentencia consagrado en el Ordinal 5 del artículo 243 ejusdem.

Por otra parte, en atención a este principio  señala el Dr. Ricardo Henríquez La Roche en su Código de Procedimiento Civil comentado que “habiendo agravio para ambas partes, si sólo una de ellas apela, rige el principio de prohibición de reforma en perjuicio (reformatio in peius), según el cual el Juez de segunda instancia no puede empeorar la situación del único apelante, ya que a la alzada no le es dado concederle al no apelante un beneficio que éste no ha pedido, desde que se avino tácitamente al fallo de primera instancia al no impugnarlo. Sin embargo, el poder de revisión del juez superior se hace tanto mayor cuantas cuestiones queden formalizadas en el acto de adhesión de la apelación”.

De esta forma, es importante tomar en consideración el criterio establecido en la Sentencia Nro. RC-0041 de fecha 27-02-2003. Expediente Nro. 01581 que establece lo siguiente:

“Asimismo, la Sala ha dejado establecido que cuando el sentenciador incurre en reformatio in peius, ello constituye una modalidad de incongruencia positiva:

“ De los criterios doctrinales y jurisprudenciales citados, se evidencia que la denuncia en casación del vicio de reformatio in peius, ha sido considerada como una infracción de forma, por incongruencia positiva, por no atenerse el sentenciador a la petición de reexamen  de la decisión de primera instancia, en todo aquello que le resulta desfavorable a la parte que la impugna, que en modo alguno lo faculta para conocer de los extremos del pleito consentidos por la parte que no ha apelado, y que por tanto, no le permite perjudicar a los recurrentes sin haber mediado excitación (principio de rogación) de la contraria. Desde luego que los puntos aceptados adquieren firmeza, y por ello sobre tales puntos el tribunal de apelación no puede pronunciarse ex oficio; en tal caso la sentencia sería incongruente, por no ajustarse a la pretensión de la parte, agravando la posición del apelante, y excediendo en consecuencia la alzada, los límites de lo sometido a su consideración, a través del recurso ordinario de apelación”.

1.2 CONCEPTO:

REFORMATIO IN PEIUS: La reforma en perjuicio consiste en una prohibición del Juez Superior de empeorar la situación del apelante, en los casos que no ha mediado recurso alguno de su adversario. En este sentido se dice que el Juez Ad Quem, en el caso que haya apelante único, adquiere una competencia restringida, porqué sólo puede revisar la sentencia en lo que resulte favorable al condenado recurrente. El principio de la reforma en perjuicio es, en cierto modo,  un principio negativo; consiste fundamentalmente en una prohibición. No es posible reformar la sentencia apelada en perjuicio del único apelante. Cuando ambas partes recurren contra la misma decisión, resulta lógico que, al decidirse el recurso, se agrave o empeore la situación de alguna de ellas. Es una excepción al principio de la “reformatio in peius”, pues, tal como lo indica Montero Aroca, ambas partes se contrarrestan, de modo que la estimación de una de ellas tiene necesariamente que suponer la reforma en perjuicio de la otra parte recurrente. No ha faltado un intento de la doctrina, apoyado en ciertas doctrinas del derecho penal, que sostuviera la inexistencia de este principio en todas las vías de impugnación. Pero, justificadamente, esa tesis no ha tenido eco en el pensamiento del Derecho Procesal Civil más autorizado.

La prohibición de reforma en contra del recurrente no es sino la consecuencia de ciertas normas generales ya anticipadas.

1.3 JURISPRUDENCIAS.

TSJ. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia de 17 de mayo de 2001. Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, en el juicio de Mará Giovanna Colman de Sorgi Contra Marco Sorgi Venturoni, en el Expediente Nro. 01051, Sentencia Nro. 092, afirma que: “ El artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, establece la posibilidad de impugnación de las decisiones emanadas de los Tribunales inferiores a los fines de ser revisadas en una instancia superior, en tanto y en cuanto dicha decisión falle de manera la posibilidad a las partes en un juicio, de que se reconsiderada la decisión que les perjudica”.De allí que este Sistema de doble grado de jurisdicción, regido en nuestro sistema por el principio dispositivo, mediante el cual el juez superior sólo puede conocer de aquellos puntos que le sean sometidos por las partes mediante la apelación, lleva implícito el denominado principio de la reformatio in peius, estrechamente vinculado con el también conocido principio procesal tantum apellatum quantum devolutum. Ahora bien, ha sostenido la doctrina de este alto tribunal que la reformatio in peius como vicio consiste en desmejorar la condición del apelante sin mediar el correspondiente recursos de apelación de su contraparte, y comporta en consecuencia la violación del principio tantum apellatum quantum devolutum, siendo a su vez producto o consecuencia del efecto devolutivo de la apelación. En este sentido, en innumerables fallos proferidos por la extinta Corte Suprema de Justicia, así como por este máximo tribunal (…) Conforme a este principio reiteradamente afirmado por la doctrina y la jurisprudencia, las facultades del juez de la apelación quedan estrechamente circunscritas a la materia que había sido objeto especifico del gravamen denunciado por el apelante…”Asimismo, en decisión de fecha 23 de septiembre de 1992, se ratificó lo siguiente: “ha sostenido esta sala, en reiterada doctrina, que éste último vicio, denominado reformatio in peius, comporta una violación del principio tantun quantum apellatum implícito en el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, y no constituye ultrapetita, que consiste en acordar algo que no ha sido pedido en la fase de alegación del proceso, vicio en el cual pudiese incurrir tanto el juez de alzada como el de primera instancia, en tanto que la reformatio in peius, consiste en una obligación que se impone exclusivamente a los jueces de alzada, de ceñirse rigurosamente a lo que es el tema del recurso de apelación, sin favorecer  a quien no lo interpuso.

La presente denuncia de infracción se contrae a evidencia la supuesta falta de aplicación  por la recurrida del artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, ya que siendo la recurrente la única apelante en el fallo dictado por el ad quo de unos conceptos que por síndico de la quiebra le correspondían, el juzgado superior al dictar su fallo desmejoró su condición, al concederle menos de lo que el juzgado de instancia había establecido, considerando que esta decisión adolecerá del vicio que la doctrina ha denominado reformatio in peius. Para Chiovenda “ En ningún  caso la decisión del Juez de apelación sobre la demanda de fondo puede llegar a ser más desfavorable al apelante y más favorable al apelado que la decisión de primer grado –prohibición de la reformatio in prius-. En suma cada parte debe tomar la iniciativa de la sentencia en todo lo que es contrario a su interés. (…) Conforme a este principio, reiteradamente afirmado por la doctrina y la jurisprudencia, las facultades del juez de la apelación quedan estrechamente circunscritas a la materia que había sido objeto especifico del gravamen denunciado por el apelante…”

TSJ. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia del 16 de febrero de 2001. Aquí se estable un cambio de criterio al establecer lo siguiente: “ Vista la figura de la reformatio in peius, como un principio jurídico que emerge en abstracto de la conducta del jurisdicente, a través de la cual desmejora la condición del apelante, sin que haya mediado el ejercicio del precitado recurso por la contraria, es de lógica concluir, que no existe norma expresa en nuestro ordenamiento jurídico que la contemple y la cual pudiera ser, verdaderamente objeto de violación directa; siendo así, no se puede continuar inficionando dentro del campo de los artículos 288 del Código de Procedimiento Civil y 1365 del Código Civil, para justificar la violación de una norma inexistente, argumentándose dicha ficción, en los principios de tantum apellatum quantum devolutum; la realidad de la conducta del ad quem al desmejorar al apelante, está circunstancia a la figura jurídica de la ultrapetita, viola el principio de congruencia de la sentencia, conectado a la limitación de decidir solamente sobre lo que es objeto del recurso subjetivo procesal de apelación; en igual manera la reformatio in peius, está ligada a la garantía constitucional del derecho a la defensa, por lo cual quien ejerce ese derecho no puede ver deteriorada su situación procesal, por el sólo hecho de haberlo ejercido. El principio de la reformatio in peius, debe ser denunciado como una infracción de forma, sobre la violación de preceptos establecidos en los artículos 12, 15, 243 ordinal 5 del Código de Procedimiento Civil, y con apoyo en el ordinal 1° del artículo 313 ejusdem”.

 

1.4 REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD:

Para la configuración de la reformatio in peius, ha dicho la doctrina que es indispensable lo siguiente;

1)      Que haya un litigante vencido o un justiciable condenado, excluyéndose por ende los fallos meramente formales.

2)      Que solo dicho litigante apele, ya que la restricción cede cuando la parte contraria formula también recurso o se adhiere al promovido,

3)      El Ad Quem no puede con su decisión desmejorar la posición procesal para el apelante,

4)      Que la enmienda no obedezca a una necesidad impuesta por razones de carácter lógico o jurídico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional.

Por otra parte, es preciso resaltar que el derecho al Doble grado de la Jurisdicción, en nuestro ordenamiento jurídico está sometido a dos principios: a) El principio dispositivo que determina que las partes son las que deben ejercer el derecho al recurso-nemo iudex sine actore-; no obstante, en algunas legislaciones o leyes especiales existe la apelación automática o ex officio, destinadas a ciertas partes a quienes se quiere proteger o privilegiar o si el Juez Superior advierte que no hay una violación grosera de normas de orden público o garantías constitucionales, sostiene la doctrina moderna, que puede actuar de oficio; B) un poco como consecuencia de lo anteriormente expuesto está el principio de la personalidad del recurso, que significa que la impugnación versa sobre lo que la parte impugna y con respecto a ella tantum appellatum quantum devolutum-, lo cual se condiciona con el principio comentado de la reformatio in peius.

1.5 Glosario de términos:

Tantum Devolutum Quantum Apellatum: Se trata de un aforismo Latino, que indica que en la apelación, la competencia del Juez Superior sólo alcanza a la resolución impugnada y a su tramitación, por lo que corresponde a ese órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente a los alegatos sometidos a su consideración por la parte apelante. Es decir, el órgano jurisdiccional revisor que conoce de la apelación sólo debe avocarse sobre aquello que le es sometido en virtud del recurso, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico procesal venezolano establece que el Juez Superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante salvo que la otra parte también se haya adherido o apelado.  En atención a este particular es preciso y oprtuno señalar lo que establece el contenido de la sentencia de fecha 04-03-2018 de la sala de Casación Penal:

Extracto:

En la teoría de la impugnación tiene particular relevancia el llamado principio de limitación, en el cual, además, se encuentran inmersas las instituciones relativas a los principios del “tantum devolutum quantum apellatum” y el de la “reformatio in peius. Dicho principio de limitación es intrínseco a la actividad jurisdiccional del órgano revisor de la resolución impugnada en tanto responde a la necesidad de que dicho órgano no pueda ir más allá de los temas propuestos por el impugnante, en razón de lo cual, tiene una limitación formal que implica avocarse a resolver solo las cuestiones propuestas por quien impugna, salvo que se trate de temas vinculados a la indefensión o que atenten contra el derecho al debido proceso.

Ello a su vez, es la razón del principio del “tantum devolutum quantum apellatum”, principio que, de acuerdo a lo expresado por el autor Hugo Alsina, es el que determina los poderes del tribunal de apelación limitados por la extensión del recurso, esto es, que el tribunal de alzada no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. El órgano revisor al cual se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento de resolver la apelación, su actividad viene determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelación. De allí, que no pueda ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, salvo, claro está, que se constate que exista un vicio de orden público que afecte las garantías de las partes, en cuyo caso  decretará de oficio la nulidad absoluta.

Conforme a este principio, el juez de la apelación encuentra una limitante en el pronunciamiento sobre el contenido de la apelación. Sólo lo cuestionado por el apelante respecto al acto procesal impugnado es lo que se encuentra sometido al conocimiento del tribunal superior, limitante que guarda estrecha vinculación con el principio de congruencia, pues el órgano jurisdiccional de grado no puede ir más allá de los límites de la impugnación, ni dejar de pronunciarse sobre los agravios propuestos por el impugnante, si lo hace la decisión judicial resulta incongruente.

Por su parte, el tratadista Eduardo Couture, al referirse a este principio intrínseco a la impugnación, señala que conducen hacía esa prohibición los principios del: a) “nemo iudex sine actore” (no hay juicio sin actor), expresión clásica del proceso dispositivo; b) del “ne procedeat iudex ex officio” (no procede el juez de oficio), que prohíbe, en línea general, la iniciativa del juez fuera de los casos señalados en la ley; y, c) el principio del agravio que conduce a la conclusión de que “el agravio es la medida de la apelación”, y por ello es que tiene un enlace directo con el principio dispositivo en cuanto a que solo las partes son las que proponen los agravios, y con el principio de congruencia, en tanto lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ellos.

Por su parte, el principio de la prohibición de “reformatio in peius” o reforma en perjuicio, consiste en la prohibición que tiene el juez superior de empeorar la situación del apelante en los casos en que no ha mediado recurso de su contraparte, es decir, el poder de decisión del juez debe ceñirse al fuero de conocimiento atribuido en virtud de la apelación interpuesta, por ello sus facultades de revisión quedan circunscritas al análisis del gravamen denunciado.

 

 

 

 

 

EL PRINCIPIO DE LA PRECLUSIÓN EN EL PROCESO CIVIL.

EL PRINCIPIO DE LA PRECLUSIÓN EN EL PROCESO CIVIL.

 

El desarrollo de la relación jurídica procesal se hace por estadios o períodos, por lo cual, el paso de un estadio al siguiente, supone la clausura del anterior, de tal forma, que los actos procesales cumplidos quedan firmes y no puede volverse sobre ellos. Es esto lo que constituye la preclusión, el efecto que tiene un estadio procesal de clausurar el anterior, impidiéndose la repetición de los actos procesales y creándose el progreso inmediato del proceso hasta su consecución con la sentencia.

 

Existe Preclusión por pérdida y por extinción.

 

Hay preclusión por pérdida de una facultad procesal, por falta de actividad extemporánea.

 

Existe falta de actividad, cuando no ejecutamos el acto procesal que la ley permite y se produce la preclusión de nuestra facultad procesal. Tal ocurre, por ejemplo, cuando dictada la sentencia, la parte perdidosa deja transcurrir el lapso para apelar. Se dice que precluye su facultad procesal por falta de ejercitación de su derecho subjetivo procesal de apelación.

 

Y hay preclusión por actividad extemporánea, cuando las partes ejercen su actividad antes o después del término lapsos señalados por la ley. Por ejemplo, cuando ejercitamos la apelación después de vencido el lapso; o cuando lo hacemos antes de nacer el lapso. Esto último es muy frecuente actualmente en los Tribunales, porque de conformidad con el artículo 198 del Código de Procedimiento Civil, no se computará aquél en que se dicte la providencia o se verifique el acto que dé lugar a la apertura del lapso; de tal modo que si se dicta sentencia y la parte perdidosa apela el mismo día en que se dictó la sentencia, su actividad procesal es extemporánea, porque aún no había nacido el lapso para la apelación. Se dice que hay preclusión por actividad extemporánea.

 

Hay preclusión por extinción:

 

1.    Por incompatibilidad. 2. Por eventualidad.

 

En el caso de incompatibilidad, consiste en la realización de un acto incompatible con el ejercicio de otro, lo cual ocasiona la preclusión del anterior.  Así, citado el demandado y contestada la demanda de fondo, no puede oponer las cuestiones previas, porque la contestación del fondo de la demanda ocasiona la preclusión por incompatibilidad de las cuestiones previas. Inversamente, si oponemos cuestiones previas no podemos contestar al fondo la demanda, hasta tanto no sean resueltas las cuestiones previas, clausurándose dicho estadio en el desarrollo de la relación procesal y pasando inmediatamente después a la contestación al fondo de la demanda. Hay preclusión por eventualidad, que viene a ser el llamado Principio de Eventualidad, cuando la parte no ejercita todos sus derechos y cargas procesales de una sola vez. Por ejemplo, de acuerdo con el Principio de Eventualidad, la parte actora debe alegar todas sus pretensiones en la demanda y el demandado a su vez, debe ejercer todas sus defensas de una sola vez en el orden legal. En ese sentido, permite el legislador que en el lapso para la contestación d ela demanda, el demandado puede oponer las cuestiones previas. Sin embargo, si la parte demandada alega una o dos cuestiones previas, cuando tenía otras más que oponer y alegar, ya después de ejercitado su derecho, no puede volverlo a hacer y debió oponer todas las defensas de una sola vez, porque de acuerdo al Principio de Consumación Procesal, una vez ejercida la facultad queda agota la consumación. Contestada la Demanda, no puede el demandado solicitar una nueva oportunidad para agregar defensas o razones que olvidó; ni tampoco el actor agregar nuevas pretensiones y defensas que debió hacer al comienzo de la causa, con nuevas pretensiones o defensas.

 

Después de visto el Principio de Preclusión, debemos señalar, que el llamado Principio de Economía Procesal comprende tanto el Principio de Preclusión, como el de Concentración y Acumulación Procesal.

 

Realmente, existe Economía Procesal a través del Principio de Preclusión, porque impide la regresión del proceso y el cumplimiento de un estadio procesal, clausura el anterior, como se dijo. Hay Economía Procesal con el principio de Concentración, que rige sobre todo en los juicios orales, por el cual los actos los puede realizar concentradamente en una o en el menor número de audiencias o días de despacho posibles, tratando de realizarse todo en un solo acto; esto último corresponde al también llamado Principio de Eventualidad, porque eventualmente se acumulan todas las actuaciones necesarias para que el Juez las analice en su oportunidad. Y en la acumulación procesal se evita la proliferación de controversias. Ya veremos, que cuando existen causas que tengan conexión o que se deban acumularse en razón de los sujetos, objeto o título, se acuerda acumularlas para evitar tanto su proliferación como que se dicten sentencias contradictorias y sean decididas en un solo proceso.

 

 

EL PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DEBIDO PROCESO.

EL PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DEBIDO PROCESO.

 

Cuando el artículo 49 establece la prohibición que sea nuevamente condenada una persona por los hechos ya enjuiciados, se está refiriendo a la cosa juzgada material dado el carácter de firmeza. Este principio rector es a su vez un derecho, entendida como el Derecho” que tiene todo ciudadano a no ser juzgado nuevamente por hechos/circunstancias que ya fueron objeto de una decisión en un juicio debido, lo que lleva en su materialización de derecho u obligaciones. Antes de la presencia constitucional de 199, la cosa juzgada se encontraba recogida en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico Procesal Penal.

Un importante fallo de la Sala Político Administrativa del tribunal Supremo de Justicia (Sentencia 1035/2006) los explica en términos bien claros:

“Ahora bien, antes se indicó que a la cosa juzgada la ley le da una presunción legal de verdad, siempre que se cumplan los requisitos antes señalados, pero para la verificación de los mismos, esto es, el sentido de la disposición normativa, es necesario analizar su concepto y sus elementos.

De esta forma, cosa juzgada, en un sentido literal, significa objeto que ha sido materia de juicio jurídico, sin embargo este concepto va más allá de su acepción literal.

En este orden de ideas, nuestro Código de Procedimiento Civil señala a la cosa Juzgada como un efecto de la sentencia. A esto se añade, el hecho de que con ella se persigue el no renovar de manera indefinida los debates jurídicos ya resueltos. Es decir, con la idea de poner fin al litigio y dar certeza de los derechos, el ordenamiento jurídico fija un mecanismo mediante el cual se prohíbe un nuevo procedimiento de lo ya juzgado.

Dentro de este contexto, por cosa juzgada entiende la doctrina como la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cunado no existen contra ella medios de impugnación, y cuyo atributos son la coercibilidad, la inmutabilidad y la irevisabilidad en otro proceso posterior. Excepción mixta que puede deducir el demandado, para oponerse a un nuevo proceso sobre la misma materia que ha sido decidida en forma ejecutoria por otro anterior. (Couture, Eduardo J. “Vocabulario Jurídico”. Ediciones Depalma,Buenos Airres, 1976. P.184.).

Es decir, que la decisión es vinculante para las partes y ningún juez puede nuevamente juzgar lo mismo objeto frente a las mismas partes (salvo la posibilidad de proposición de las impugnaciones extraordinarias). Todo esto se expresa diciendo que la sentencia ha pasado con autoridad de cosa juzgada, o sea que se ha hecho inmutable y al mismo tiempo ha venido a ser inmutable también la estatuición o pronunciamiento que en ella se contienen, con todos los efectos que del mismo se derivan. En este sentido, no podrá proponerse una nueva demanda, no podrá pronunciarse la sentencia sobre el mismo objeto, entre las mismas partes. La esencia de la cosa juzgada está precisamente en la inmutabilidad de la sentencia, de su contenido, y de sus efectos, que hace de ella el acto del poder público que contiene en sí la manifestación duradera de la disciplina que el orden jurídico reconoce como correspondiente a la relación sobre la cual juzgó.

La Sentencia que, en contraste con esas reglas, juzgase de modo diverso sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, estaría viciada y podría ser revocada… (Liebman, Enrico Tulio “Manual de Derecho Procesal Civil”. EJEA, Buenos Aires, 1980, p. 591).

Entonces el motivo de que el mandato contenido en la sentencia sea inmutable, obedece a razones de utilidad y de política procesal, ya que con ello se quiere evitar la posibilidad de renovar, en forma constante, los problemas jurídicos ya resueltos conforme a derecho, al precluir las respectivas oportunidades de impugnación.

De estas nociones nace la distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material; en este sentido se habla de cosa juzgada formal, cuando contra la sentencia no hay posibilidad de recurso alguno, y en consecuencia, ningún juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por dicha sentencia; se habla de cosa juzgada material, cuando la sentencia definitivamente firme en los límites de la controversia decidida, esto es, su objetivo es vinculante para las partes en todo proceso futuro. Así, se impide todo ataque que busque replantear y renovar la misma materia: Non Bis In Eadem).”

El Constituyente ha incorporado la cosa juzgada dentro del debido proceso al referirse a aquella obtenida dentro del marco de un proceso debido, lo que se entiende por argumento en contrario, que aquella sentencia obtenida en fraude al objeto del proceso,  sólo generará una expectativa de derecho, sólo será tenida como cosa juzgada “aparente”. Recordemos, que la sala de casación Civil de la extinta Corte Suprema de justicia, quien adelantaba los primeros pasos en el reconocimiento de ciertos casos que, en fraude de la ley, no podrían estar protegidos de la inmutabilidad de la cosa juzgada, según sendas decisiones de fecha 24 de mayo de 1955 y 18 de diciembre de 1995.

En doctrina, destaca el maestro argentino Jorge Walter Peyrano en su obra El Proceso Atípico” donde explica que la cosa juzgada obtenida con fraude, puede ser revertida mediante una pretensión autónoma nulificatoria; cuya tesis recoge la sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia (junto a la interpretación a favor de la Constitución), generando una rica jurisprudencia donde se anulan fallos incluso definitivamente firmes como aquellos obtenidos en violación al debido proceso y el derecho de defensa.

En ese sentido, dictó fallo 422/200 que explicó:

“Al respecto cabe observar que frente al principio de seguridad jurídica, generado esencialmente por la estabilidad de las decisiones y al derecho de los particulares a no ser juzgado por los mismos hechos por los cuales obtuvieron decisiones, se contrapone el derecho de las partes a intervenir en un proceso justo, transparente y equitativo, donde se le garantice a éstos el acceso a la justicia, el derecho a ser oídos, a intervenir en la defensa de sus derechos y a obtener una decisión oportuna y efectiva”.

Este elemento dio lugar a un importante desarrollo jurisprudencial liderizado por la Sala Constitucional en materia de fraude procesal, entendido aquél que bajo subterfugios, trampas, bien por concurso de una de las partes, o por todas, o con anuencia del juez, se falsea la verdad provocando falsos juicios en verdaderos procedimientos que simulan la existencia de supuesto conflicto “irreal” que se plantea para conseguir un lucro, perjudicar a un tercero, conseguir resultados antijurídicos a través de medios “aparentemente” jurídicos.

La sala Constitucional ha hecho de la cosa juzgada y la ejecución de los fallos un binomio que funcione en forma coordinada, en el sentido de serle correspondiente a un sujeto el derecho a ejecutar lo que ha obtenido mediante un fallo producto de un proceso legal, debido:

Explica la referida sala en fallo 2356/2002:

“Con respecto a lo anterior, esta sala advierte que el concepto moderno de cosa juzgada está dotado de un evidente contenido axiológico que procura la realización de la justicia a través dela tutela judicial efectiva de los derechos de los justiciables. En tal sentido, la cosa juzgada se erige como una consecuencia de la sentencia a partir de la cual la decisión contenida en ella, se hace irremovible, inmodificable e inquebrantable. Dicho efecto alcanza una dimensión constitucional que se proyecta sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso, ya que resulta contrario al primero la no ejecución de la sentencia en sus propios términos; e infringe el segundo, el revisar, fuera de los casos previstos en la ley, el juicio definitivo efectuado en un caso concreto.  En tal sentido, la cosa juzgada despliega un efecto positivo, en virtud del cual lo declarado por sentencia firme constituye verdad jurídica; y un efecto negativo, que determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema.

De acuerdo a lo anterior, la inmodificabilidad delas sentencias definitivamente firmes es un instrumento para asegurar la efectividad de la tutela judicial, ya que la protección jurídica carecería de eficacia si se permitiera la ejecución de fallos judiciales en términos diferentes a aquellos en que fueron proferidos. Por ello, la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia obliga a los órganos jurisdiccionales a acatar sus propias decisiones, debido a que éstos quedan vinculados por sus propias declaraciones.

(…) Ahora bien, el derecho a la ejecución de las sentencias definitivamente firmes en sus propios términos como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, implica la identidad entre lo que se ejecuta y lo estatuido en el fallo, lo cual, es un efecto consustancial de la inmutabilidad de la cosa juzgada que impone la vinculatoriedad e inalterabilidad de las resoluciones judiciales firmes, debido a que la ejecución judicial no puede extenderse a asuntos que no hayan sido debatidos y decididos en el proceso, pues con ello se lesionarían los derechos de la parte al prescindirse del debate y contradicción inherentes al litigio.”

EL DERECHO A LA PRUEBA COMO EXPRESIÓN DEL DEBIDO PROCESO.

EL DERECHO A LA PRUEBA COMO EXPRESIÓN DEL DEBIDO PROCESO.

 

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, según dispone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en función de lo cual deben presentar al Juez las pruebas que le den la convicción sobre la verdad del interés material perseguido.

Se trata de un derecho fundamental, de rango constitucional e íntimamente vinculado al debido proceso y al derecho de defensa.

Es un derecho subjetivo en el cual los sujetos activos son las partes y el pasivo es el Juez, quien debe facilitar a éstas el cumplimiento de su carga procesal. Por lo tanto, incumple ese deber a su cargo el Juez que entorpece u obstaculiza el ejercicio legítimo de ese derecho, como es, por ejemplo, negando injustificadamente la admisión de un medio probatorio legalmente promovido o autorizando su evacuación, a pesar de tratarse de medios de pruebas prohibidos expresamente por la ley o ilegítimamente obtenidas o dejando de analizar y juzgar todas cuantas pruebas se haya producido, aún aquellas que a su juicio no fuesen idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre en la sentencia cuál sea el criterio del Juez respecto de ella.

Forman parte del debido proceso, ha dicho la Sala Constitucional las oportunidades procesales para oír a las partes, así como lo relativo a la promoción y recepción de pruebas dentro de los términos y formas que establece la ley para ello, a fin que las partes puedan cumplir con el principio de necesidad de la prueba, así como con los de contradicción y control de la prueba, todo como desarrollo del derecho de defensa. Mientras esas oportunidades legales se respeten, existe debido proceso, ya que se oye a la persona en los lapsos y actos que garantizan el poder recoger plenamente sus alegatos, además, se permite a las partes, ante la petición de una, recibir la contrapetición de  la otra, lo que en materia de pruebas significa acceder a las pruebas que ofrece su contraparte y poder cuestionarlas y controlarlas. De conformidad a las jurisprudencias antes citada, puede destacarse que el derecho a la prueba se ve vulnerado cuando el Juzgador impide de alguna manera que la prueba legal y pertinente se incorpore al proceso o cuando siendo admitida y se ordene su evacuación, no se esperen las resultas de las mismas, a los fines de producirse una decisión final, conforme a lo alegado y probado por las partes, con lo cual se estará produciendo una indefensión.

Refiriéndose a los aspectos constitucionales de la prueba, Jesús Eduardo Cabrera Romero apunta que, el debido proceso garantiza la contradicción de las pruebas promovidas por la contraparte (la oposición y la impugnación), el control de las mismas por los litigantes cuando se reciben en la causa, lo que implica la publicidad de los actos probatorios, las observaciones con respecto a su práctica tratándose de esos derechos de la concreción en las causas de un derecho de raíz constitucional: El Derecho de Defensa.

Igualmente, el debido proceso garantiza una sentencia razonada en cuanto a la admisión o rechazo de los medios propuestos; derecho a recurrir contra los fallos; derecho a que existan lapsos para oponerse a la admisión de los medios de prueba ofrecidos por los sujetos procesales; o para impugnar las pruebas que carecen de fidelidad por ser ilegítimas, falsas o nulas; y para obtener decisiones sobre esas impugnaciones; y el derecho a que razonadamente se precien o nieguen las pruebas en la sentencia definitiva.

Dice el autor que, cuando respecto a las pruebas que han de apreciar en el proceso, se las ha negado a cualquiera de las partes todas o algunas posibilidades anteriormente mencionadas, que emanan de su derecho constitucional a la defensa, la prueba es nula, ya que se están formando o apreciando transgrediendo el debido proceso; y conforme a la magnitud y alcance de la infracción, inhibidora del derecho irrestricto a ser oído, hasta todo el proceso podría ser nulo.

Por extensión, agrega el profesor Cabrera, cuando la ley exige que las actuaciones extraprocesales cumplan con los procedimientos formales pautados en ella, el incumplimiento de tales requisitos destinados a comenzar, a formar fuera del proceso los medios que luego se ofrecerán en el juicio, también se convierte en violación del debido proceso, porque se trata de formas preestablecidas que garantizan a las futuras partes en un juicio, el respeto de sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la defensa, ya que en el fondo el cumplimiento de tales procedimientos está salvaguardando a la persona contra quien se va a hacer valer en juicio el medio, de manera que los hechos que él transporta, no sean implantados o forjados por quien los manipula, o que lo que éste sucediendo carezca con total desconocimiento de aquél contra quien obrará en el proceso la prueba.

Por su parte, la sala de casación Civil ha dicho que, se causa indefensión a la parte cuando se restringen indebidamente los medios de prueba, según expresa la sentencia que se cita a continuación:

“La sala casa de oficio la sentencia impugnada por haber restringido indebidamente el sentenciador de la Alzada, los medios de prueba conducentes para probar la existencia de vicios ocultos, y roto el principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual provocó, una violación del derecho de defensa consagrado y protegido por la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, en consecuencia se ordena al Juez de reenvió que debe conocer del presente asunto, dar aplicación a las previsiones legales contenidas en el artículo 395 eisdem.”

Según la Sala Constitucional, no resulta vulnerado preliminarmente derecho constitucional alguno cuando los órganos jurisdiccionales limitan la admisión de una determinada prueba sino que es necesario verificar si existe una limitación constitucional a sus derechos constitucionales derivados de la falta de evacuación. Quedando obligado quienes denuncie un agravio a probar la trascendencia para la resolución de la causa la observancia de la prueba, no sin previamente verificar, que el Derecho objeto de la prueba no se encuentre incorporado al proceso o si el objeto de la misma se encuentra cumplido mediante otro medio de prueba, en razón de lo cual, debe analizarse su pertinencia.

SENTENCIA:

El derecho a la prueba como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. Supuestos en los que dicho derecho se menoscaba y causa indefensión.

De conformidad alas jurisprudencias antes citadas, puede destacarse que el derecho a la prueba se ve vulnerado cuando el Juzgador impide de alguna manera que la prueba legal y pertinente se incorpore al proceso o cuando siendo admitida y se ordene su evacuación, no se esperen las resultas de las mismas, a los fines de producirse una decisión final, conforme a lo alegado y probado por las partes, con lo cual se estará produciendo una indefensión. Y en sintonía con lo anteriormente motivado, de conformidad con lo pautado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene el derecho a obtener una tutela judicial efectiva, lo cual no se puede lograr sino por medio de la oportuna y necesaria prueba de los hechos litigiosos; así pues la prueba forma parte del derecho a esa tutela como derecho a probar en el proceso las afirmaciones de hecho realizadas por las partes al fundamentar su pretensión. Sentencia Nro. 208 de fecha 14/04/2008. Sala de Casación Civil.

EL PRINCIPIO NEMO IUDEX SINE ACTORE.

EL PRINCIPIO NEMO IUDEX SINE ACTORE.

La presente disposición consagra un principio fundamental de todo proceso contencioso, y es que el Juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte, o dicho con otras palabras, que el juez no puede promover de oficio la demanda, dado que tal iniciativa corresponde al demandante.

Dice el ilustre abogado Arminio Borjas en sus comentarios, que el oficio del Juez es mercenario en lo civil, porque hace justicia a quien se la pida, siempre que compruebe su derecho a tenerlo.

En ese sentido, es perfectamente válida la acotación de Borjas sobre el carácter mercenario que tiene los jueces en materia civil, que no están facultados para iniciar de oficio la controversia objeto de decisión, sino que están sometidos a la iniciativa de la parte actora, que es quien, en ejercicio del derecho de acción, ejerce su pretensión contra el demandado, con lo cual comienza el juicio ordinario, a tenor del artículo 339, que establece: El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora, ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez. No es posible, por lo tanto, dar inicio al proceso contencioso, mientras el demandante no teme la iniciativa de presentar su demanda al Juez.

Este principio guarda estrecha relación con el principio dispositivo, en el sentido de que el Juez debe, en principio, asumir una actitud pasiva y dejar que sean las partes quienes presenten sus alegatos y pruebas, a objeto de que aquél decida conforme a lo alegado y probado en autos, sin que sea necesario, como acota Borjas, que supla las deficiencias de sus defensas e investigue oficiosamente la verdad, porque esto último sería invadir la órbita e los derechos privados, a los cuales los interesados son muy dueños de renunciar o dejarlos perecer, porque, de actuar el Juez de otra manera, se correría peligro de favorecer en ocasiones a unos litigantes en perjuicio de los otros y de romper la igualdad que siempre y sin distingos debe ampararlos a todos. De allí que la pasividad del Juez Civil, que oye, presencia aprecia y juzga, sin actividades inquisitoriales, haya sido adoptada como garantía de los intereses privados sometidos a su decisión, conforme a la máxima de que la mejor ley y el mejor Juez son los que llevan al mínimo la oficiosidad de éste.

QUE ES EL EL PRINCIPIO DE CONDUCCIÓN JUDICIAL AL PROCESO.

EL PRINCIPIO DE CONDUCCIÓN JUDICIAL AL PROCESO

EL PRINCIPIO DE CONDUCCIÓN JUDICIAL DEL PROCESO

 

Este Principio de capital importancia para el desarrollo de la prestación de la función jurisdiccional tiene su punto de partida en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, conforme al cual el Juez es el director del Proceso y en razón de ello, no puede ser un mero espectador y por lo tanto, debe impulsar el proceso, a través de su intervención o dirección con el objeto de obtener la mayor cercanía posible de la averiguación material de los hechos.

Se trata de un principio que no se limita a la sola formal conducción del Proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra su aplicación provechosa en la labor que debe realizar el Juez, para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, de las siguientes circunstancias que se mencionan a continuación:

 

a)    El Juez sin que las partes lo requieran puede en  cualquier estado y grado del proceso detectar, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales;

 

b)    El Juez en la aplicación de este Principio está llamado a detectar y evidenciar de oficio la inexistencia del derecho de acción en el demandante en el caso en que la acción haya caducado;

 

 

c)    El Juez en cualquier grado y estado de la causa puede intervenir de oficio y declarar extinguido el proceso cuando de las actas se evidencie que s eha producido el efecto de la cosa juzgada;

 

d)    Igualmente pude actuar en aquellas circunstancias cuando las partes para hacer valer una pretensión determinada, éstas invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta.

 

En ese sentido, el principio de la Conducción Judicial al proceso es una clara y evidente manifestación del sentido y la orientación que debe prevalecer en el ejercicio de la de la prestación de la función jurisdiccional que brinda el estado Venezolano, a través del Proceso, que tiene como norte y finalidad la búsqueda de la verdad y la materialización de la justicia. Por ende, es en esa clara dirección que el ejercicio de la función jurisdiccional debe regir su marco de actuación con el propósito de garantizar una tutela judicial efectiva.

Es un principio garantista, y a su vez una clara atenuación del principio dispositivo que gobierna al proceso civil venezolano. No obstante, en aras de la búsqueda de la verdad y de alcanzar uno de los fines supremos que inspiran nuestro ordenamiento jurídico que es la Justicia, el Juez debe desempeñar un rol activo y no ser un mero espectador, y estar sometido a la estricta observancia de decidir de acuerdo a los elementos alegados y aportados en autos ,  es decir,  su actuación debe apuntar y ser correctora de los vicios y de las situaciones que atenten contra la buena marcha y celeridad que debe existir en los procedimientos judiciales.

JURISPRUDENCIA.

Sentencia de carácter vinculante de la sala Constitucional que declara que el Juez puede de oficio declarar los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante, en los casos en que la acción haya caducado, o respecto de la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta.  

Visto lo antes expuesto, aprecia esta Sala que mediante la acción interpuesta, la ciudadana LILA ROSA GONZALEZ DE PEREZ cuestionó la valoración del juez de la alzada, dado que en su solicitud de tutela constitucional expuso los razonamientos que-en su criterio-debieron darse en el caso bajo examen, tomando además en consideración que el juzgador se extralimitó en sus funciones al declarar inadmisible la demanda, por “inepta acumulación de pretensiones”, sin que la misma haya sido alegada por la parte demandada durante el proceso. A Tal efecto, esta Sala considera necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. No obstante, este principio ya se anticipa en el artículo 11 eiusdem, donde como excepción al principio del impulso procesal, se permite actuar al juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes. Ahora bien, la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no se satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta. En tal sentido, considera esta sala que si nuestro ordenamiento jurídico establece la relación jurídica procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, sólo después de que se haya depurado el proceso de  cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto como por las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto de los presupuestos procesales. Así, contrariamente a lo alegado por la accionante, la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso, verifique en cualquier estado de la causa, incluso en la alzada, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa, no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso. Sentencia Número 1353, de fecha 11/08/2011. Sala Constitucional.